Marian beitialarrangoitia

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María Ángeles Beitialarrangoitia Lizarralde (nacida el 20 de enero de 1968) es una periodista y política vasca. Anteriormente fue diputada en el Congreso de los Diputados de España y en el Parlamento Vasco, y alcaldesa de Hernani.

En su juventud, Beitialarrangoitia trabajó en la revista Hots y en la emisora de radio Hoska[1][2]. Posteriormente, trabajó en la emisora de radio Egin Irratia, perteneciente al grupo periodístico Egin[1][3]. En julio de 1998, el juez Baltasar Garzón ordenó el cierre de ambos medios de comunicación por su presunta vinculación con la ETA separatista[4][5] Beitialarrangoitia pasó a formar parte de grupos, como Gestoras pro Amnistía, que apoyaban la excarcelación de presos de ETA[3].

Posteriormente, Beitialarrangoitia se incorporó a EITB, la radiotelevisión pública vasca, donde trabajó como locutora en un programa matinal de la emisora Euskadi Irratia[1] Se presentó a las elecciones municipales de 2007 como candidata de Acción Nacionalista Vasca (Eusko Abertzale Ekintza, EAE) en Hernani y resultó elegida[6] Fue alcaldesa de Hernani de 2007 a 2011[7][8][9].

🛎 KN Marian Beitialarrangoitia

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Hernani es uno de los primeros municipios de Gipuzkoa que ha declarado el Residuo Cero. Gracias a ello, desde 2009 el reciclaje de residuos casi se ha cuadruplicado, mientras que la generación de residuos se ha reducido sustancialmente. Esta es su historia.

En 2002, el consorcio regional de gestión de residuos de la provincia española de Gipuzkoa, ante un vertedero casi lleno, propuso construir dos nuevas incineradoras. Los ciudadanos se opusieron firmemente a las incineradoras e impidieron que se construyera una, y el nuevo partido elegido en 2011 detuvo la segunda. Hernani y otras dos pequeñas ciudades de la región establecieron un ambicioso programa de recogida puerta a puerta de residuos separados en origen, incluidos los orgánicos. La cantidad de residuos que van al vertedero en los lugares donde se ha adoptado la estrategia de Basura Cero se ha reducido en un 80%. Con un nuevo liderazgo político opuesto a la incineración, la recogida puerta a puerta se está extendiendo por toda la región.

Hernani es una ciudad de más de 19.000 habitantes en el País Vasco. Junto con otros nueve municipios, forma parte de la mancomunidad de San Marko (una asociación libre de municipios), creada para gestionar conjuntamente los residuos sólidos. A nivel provincial, todas las mancomunidades más la Diputación Foral conforman un consorcio que promueve y gestiona el Plan de Gestión Integral de Residuos de Gipuzkoa. El anterior sistema de gestión de residuos municipales de Hernani se basaba en gran medida en la eliminación de residuos, complementada por un sistema de reciclaje limitado. Aunque los ciudadanos podían depositar voluntariamente los materiales reciclables en los cuatro grandes contenedores colocados en las calles, la mayor parte de los residuos de la ciudad iban a parar al vertedero.

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El 15 de octubre, la mayoría de los grandes medios de comunicación españoles informaron de que los guardias civiles y sus parejas habían sido “atacados”, “emboscados” o “linchados” por 50 personas. Los de Altsasu, en la rueda de prensa que dieron al día siguiente, lo desmintieron, diciendo que “los policías habían provocado la pelea en un bar”. Una de las parejas de la Guardia Civil declaró esa noche a la policía navarra que habían sido seis los “agresores”. Esa misma noche, dos personas fueron detenidas en Altsasu y la policía navarra cargó contra las personas que se habían concentrado ante el cuartel de la Guardia Civil para exigir su libertad.

La noticia provocó un escándalo, y al día siguiente el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, hizo declaraciones ofreciendo a la Guardia Civil su “entero apoyo”. “No habrá impunidad”, dijo. Entre los partidos políticos, Sortu fue el único que dio su total apoyo a los detenidos desde el primer momento. En un primer momento, el Gobierno de Navarra condenó el atentado, manifestando su apoyo a la Guardia Civil y enviando un representante a la manifestación celebrada el 18 de octubre en Pamplona. Posteriormente, Geroa Bai y la rama navarra de Podemos condenaron las detenciones, esta última a pesar de que el partido en Madrid decía lo contrario, dando la razón a la versión oficial de la Guardia Civil.

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